Uno de cada 6 europeos tiene algún tipo de discapacidad. Esta proporción va en aumento dado que la población envejece con la consiguiente pérdida de autonomía. 80 millones de personas están, en definitiva, están en situación de discriminación respecto a la participación política, social y económica debido a las barreras físicas y a los estigmas sociales. Más fotos en Flickr
 

Este colectivo tiene un índice de pobreza muy superior a la media, en buena medida porque tienen menos oportunidades de empleo. Valentín Aichele, responsable del Instituto Alemán de los Derechos Humanos, afirma que “hay que acabar de dar el paso de una política de asistencia a una política de derechos, dado que la discapacidad trasciende el ámbito social para afectar a todos los aspectos de la vida política: supresión de barreras arquitectónicas, empleo, o educación”.

Es una de las conclusiones del Congreso Partizipation, organizado por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en la ciudad alemana de Straubing que reunió a más de 200 colaboradores de centros de atención a la discapacidad la semana pasada y a expertos europeos. El evento tenía como objetivo hacer un seguimiento de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado en mayo de 2008 y ratificado por una veintena de países de la Unión Europea.

Por otro lado, Erik Somelar, asesor para la integración de las personas con discapacidad de la Unión Europea, recordó la Estrategia aprobada por la unión de estados para 2010-2020, un documento ratificado por 22 países, que pretende la inclusión plena en las decisiones de las personas con discapacidad. Los expertos reconocen que “la crisis económica ha empeorado las expectativas porque para conseguir todos estos fines es necesario una financiación cada vez más precaria” concluyó Somelar.

Más del 60% de las personas con discapacidad en Europa vive en centros residenciales. “El acceso a la vivienda es una condición indispensable para su autodeterminación”, como estipula la Convención de la ONU, según afirma la profesora de la Academia Católica de Ciencias Sociales de Berlín, Monika Seifert. La descentralización de la persona dependiente en entornos normalizados favorece la participación en una comunidad. La tendencia que prevalece en la UE es la de sustituir las grandes residencias por espacios más integradores que favorezcan las relaciones sociales.

Según Seifert, “la crisis económica no sólo está trayendo una merma en la financiación, sino que el propio ciudadano considera que las inversiones en cuestiones como la discapacidad deben ser reducidas”. Un estudio realizado por la Academia Católica de Ciencias Sociales revela que una tercera parte de los alemanes piensa que este colectivo genera demasiados gastos a la comunidad. En lo que respecta al empleo, la tasa de paro en este sector de la población asciende al 55% en Europa (en España llega casi al 70%), lo que les hace más vulnerables a la exclusión social. Si no hay autodeterminación sin vivienda, menos la hay sin empleo. Además de políticas de empleo, Europa necesita un cambio de mentalidad que reconozca que las personas dependientes son tan productivas como todas y todos.

Según el director de la Asociación Nacional de Talleres Protegidos para las personas con discapacidad, Thomas Umsonst, “no existe mejor política social que el empleo” y recomienda a los estados “apoyar la economía social de mercado”, centrada tanto en la productividad como en los derechos del trabajador y los derechos humanos.

Por otra parte, la ex ministra del Gobierno alemán Barbara Stamn, reveló que de las 80 millones de personas con discapacidad que hay en Europa apenas el 5% lo es de nacimiento. “Esto significa que todos tenemos riesgo de discapacidad y estamos expuestos a sufrir el rechazo social. En su discurso sobre la participación política de este colectivo, afirmó que “los ciudadanos no deben reconocer la discapacidad, sino las capacidades de las personas dependientes” para favorecer la inclusión y evitar la postura soberbia de hacer prevalecer los derechos de unos sobre los de otros.

El Superior General de San Juan de Dios, el hermano Donatus Forkan, insistió en que “Las personas con discapacidad física o psíquica ya no se perciben como sujetos a los que cuidar, sino personas con derechos, productivas, con mucho que aportar a la sociedad: tienen dones y talentos, así que deben también tomar sus propias decisiones”.

El Congreso contó paralelamente con una exposición de las iniciativas en materia de discapacidad de cada una de las provincias de San Juan de Dios, entre ellas las tres españolas (Aragón, Castilla y Bética) además de la Interprovincial, Alemania, Irlanda y Reino Unido, Austria, Polonia, Francia e Italia.

El evento congregó a 200 asistentes en Straubing, ciudad donde la Orden Hospitalaria tiene un centro de discapacidad con 130 años de historia y que atiende a 400 de usuarios.