Hablar de los derechos de las personas con discapacidad es hablar de derechos humanos. Por eso y por la evidente discriminación social de la persona dependiente, la ONU aprobó una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 3 de mayo de 2008.

Desde entonces, existe el compromiso internacional de incluirles en los espacios donde se toman decisiones. “Muchos países, como Alemania, no reconocen el derecho a voto de algunas personas dependientes” reveló Valentín Aichele, miembro del Instituto Alemán de los Derechos Humanos, “eso es excluirles de su participación en la democracia. Los estados deben proporcionar apoyo para que su voz se escuche en las urnas”. Uno de cada seis europeos tiene algún tipo de discapacidad. Esta proporción sigue en aumento dado que la población envejece con la consiguiente pérdida de autonomía que esto supone. 80 millones de personas que están excluidas de la participación política, social y económica debido a las barreras físicas y a los estigmas de la sociedad. Este sector de la población tiene un índice de pobreza muy superior a la media, en buena medida porque tienen menos oportunidades de empleo. Aichele resaltó que se ha pasado de una política de asistencia a una política de derechos, que la discapacidad trasciende el ámbito social para afectar a todos los aspectos de la vida política: supresión de barreras arquitectónicas, empleo, educación, entre otros.
Por su parte, Erik Somelar, asesor para la integración de las personas con discapacidad de la Unión Europea, recordó la estrategia aprobada por la unión de estados para 2010-2020, un documento ratificado por 22 países, que pretende la inclusión plena en las decisiones de las personas con discapacidad. Los expertos reconocen que “la crisis económica ha empeorado las expectativas porque para conseguir todos estos fines es necesario una financiación cada vez más precaria” concluyó Somelar